Red Justicia celebra su primer encuentro nacional
El 6 de junio de 2025 se llevó a cabo de forma virtual el primer Encuentro Nacional de Red Justicia, […]
Retrocede Jalisco en capacidades de justicia penal
La organización México Evalúa presentó su reporte Hallazgos desde lo local 2023: Jalisco, en un diálogo con autoridades locales y […]
1 de cada 2 detenciones es ilegal en Jalisco
México Evalúa presentó su reporte Hallazgos desde lo local 2022: Jalisco, en un diálogo con autoridades locales y organizaciones de […]
Presentación de Red Justicia Jalisco
Con el objetivo de trabajar en favor de la calidad de la justicia penal, fue presentada la Red Justicia Jalisco, […]
Reunión con el Poder Judicial de Jalisco
Reunión con Periodistas de Jalisco
Reunión con la Comisión de Atención a Víctimas de Jalisco
Una de las labores más importantes que realizan los medios es la de la propagación de información valiosa en relación con una víctima. Un ejemplo sería el caso de una desaparición, donde la rápida difusión puede ayudar a actuar de forma expedita e incluso aumentar las posibilidades de encontrar a la persona. Otra ventaja es la presión que los medios pueden ejercer en las autoridades, para que cumplan con su obligación y asistan de manera correcta a quien lo requiere. Además, la cobertura mediática puede ayudar a sensibilizar a la población, combatir la discriminación y los estigmas, y visibilizar a los grupos vulnerables.
Los medios también pueden tener un impacto negativo al reforzar ciertos prejuicios a partir del uso de un lenguaje discriminatorio, imágenes sensibles e inapropiadas o bien, con un uso poco cuidadoso de los datos personales. Si los límites y alcances de un reportaje, artículo, nota o entrevista no son claros, podría llegar a afectarse a las y los involucrados. La forma en la que se transmite la información puede llevar a que la sociedad interprete el suceso desde una perspectiva que perjudique a la víctima. Esto puede transformarse en una nueva forma de exclusión y violación de los derechos humanos de estos grupos. 
Reconocer a las personas imputadas y a las víctimas como titulares de derechos, y no solo como elementos del proceso, implica un cambio de paradigma que tiene profundas repercusiones en la organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia.