- En el marco de un diálogo con organizaciones de sociedad civil y autoridades de justicia en Jalisco, México Evalúa presentó Hallazgos desde lo local, la más reciente edición del reporte anual que da seguimiento a la justicia penal en la entidad.
- El porcentaje de detenciones calificadas como ilegales es el segundo más alto a nivel nacional, con el 47% .
- El 99.2% de los delitos denunciados e investigados en la entidad quedó impune en 2022; expertos coincidieron en la necesidad de implementar una política de persecución penal para una mejor resolución de casos prioritarios.
México Evalúa presentó su reporte Hallazgos desde lo local 2022: Jalisco, en un diálogo con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, articuladas a través de Red Justicia. Durante el acto se revisó el estado de la justicia penal, se dio seguimiento al avance de los compromisos que las autoridades hicieron en años previos y se formularon recomendaciones para elevar la calidad de la justicia penal.
De acuerdo con el reporte, el 47% de las detenciones fueron calificadas como ilegales por un juez de control en Jalisco durante 2022, un porcentaje que va a la alza y es el segundo más alto a nivel nacional. Esta ilegalidad no necesariamente se traduce en la libertad inmediata de la persona detenida e invalida las pruebas obtenidas con motivo de la detención.
Al revisar el Índice de Impunidad, una medición elaborada ex profeso para Hallazgos, el 99.2% de los delitos investigados quedó impune en la entidad en 2022, lo que supera el promedio nacional, de 96.3%. Al medir la impunidad por delito, el reporte muestra que homicidio doloso (100%), violación (100%), extorsión (99.9%) y robo simple (99.9%) reportaron los mayores índices.
Por su parte, el Ranking de Capacidad Institucional, el cual considera la coordinación, planeación y colaboración entre las instituciones de justicia penal para garantizar los derechos de las personas, Jalisco obtuvo apenas 589.7 de un estándar de 1022 puntos.
“Observamos un debilitamiento en las condiciones institucionales para la justicia en Jalisco. Existen grandes áreas de oportunidad en la coordinación interinstitucional y la definición de metas comunes para mejorar los indicadores presentados en el reporte y elevar la calidad de la justicia penal”, comentó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, durante el evento.
De acuerdo con Hallazgos, en Jalisco existen sólo cuatro personas asesoras jurídicas, lo que hace inviable la representación de los casos y el acompañamiento a las personas durante el proceso penal, ya que, en promedio, cada asesor debe representar a 482 víctimas por año. Además, no se obtuvo información sobre cuántas víctimas que recibieron asesoría jurídica accedieron a la reparación del daño.
Otro punto que destaca el reporte, es la alta proporción de audiencias diferidas, lo que afectó a una de cada tres audiencias programadas y muestra un incremento sostenido en los últimos tres años. Asimismo, alerta sobre la duración de los procesos penales por la vía de juicio oral, la cual es, en promedio, de 816 días y supera por mucho el plazo establecido en el artículo 20 constitucional, de un año.
Las y los especialistas recordaron que Jalisco presenta un alto uso de la prisión preventiva oficiosa, al reportar que al 60.21% de las personas acusadas de un delito que tuvieron en prisión preventiva, se les impuso de manera oficiosa, mientras que al 39.79% se le asignó de manera justificada. Al respecto, sugirieron repensar el uso de la prisión preventiva y realizar análisis de riesgos, ya que el 97.7% de las personas que tuvieron una medida cautelar en libertad concluyeron su proceso de manera efectiva.
En el evento se presentaron las siguientes recomendaciones para fortalecer la justicia penal, así como para proteger y garantizar los derechos de las personas víctimas y de las acusadas de un delito:
- Incorporar en el marco jurídico la elaboración de una política de persecución penal, con plazos predefinidos y mecanismos de participación ciudadana, seguimiento y evaluación
- Implementar mecanismos de denuncia más accesibles y eficientes
- Identificar las causas de la alta proporción de detenciones ilegales y atenderlas desde un enfoque interinstitucional
- Ejecutar el Plan Institucional del Consejo de Coordinación para la Implementación del SJP y continuar con el proceso de cambio organizacional en las instituciones
- Atender la problemática de diferimiento de audiencias en colaboración con Fiscalía, Defensoría y CEEAV
En el evento participaron también Ana Fátima López Iturrios, de la Red Justicia Jalisco; Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos; Anna Karolina Chimiak, co-directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; Daniel Espinosa Licón, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Jorge Carbajal, responsable de alianzas del programa de justicia de México Evalúa; Miguel Ángel Álvarez, investigador del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ – ITESO; y Miguel Ángel López Alba secretario ejecutivo del Consejo de Implementación del Nuevo Sistema Penal en Jalisco.
