En el conversatorio participaron representantes de las siguientes instituciones públicas: Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública del Estado, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Unidad de Medidas Cautelares y Centro de Justicia para Mujeres. Por parte de la Red Justicia San Luis Potosí participaron: Fátima Patricia Hernández Alvizo, co-fundadora de Lúminas Centro de Derechos Humanos, Elizabet Rapp, presidenta de Otra Oportunidad A.C, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces A.C. y Alejandra Ibarra coordinadora del área de justicia penal, Celia García Valdivieso, en representación de Sororal Red de Abogadas en San Luis Potosí, Jesús Rogelio Córdova Nava, presidente de Educación y Ciudadanía A.C, Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, en representación del Colegio de Abogadas San Luis Potosí, Mónica Macias Guel, presidenta de la Fundación Benemérita Ponciano Arriaga Leija y Pedro Lucio López, coordinador operativo de la Red Justicia San Luis Potosí y representante de México Evalúa A.C.
El objetivo del conversatorio fue dialogar entre diversas instituciones públicas que forman parte del Sistema de Justicia Penal en la entidad e integrantes de la Red Justicia San Luis Potosí sobre las problemáticas, logros y retos que se identifican en la atención del delito de violencia familiar. La dinámica del conversatorio implicó la presentación del documento elaborado por parte de las integrantes de la red justicia, documento que contiene recomendaciones para mejorar la atención de mujeres e infancias víctimas del delito de violencia familiar, los representantes de las instituciones públicas fijaron posicionamientos sobre dicho documento y los integrantes de la red justicia reaccionaron y posicionaron posibles compromisos. El principal resultado fue el compromiso de establecer una agenda de trabajo entre las instituciones participantes y la red donde se definan posibles acciones a implementar encaminadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas del delito de violencia familiar.
Una de las labores más importantes que realizan los medios es la de la propagación de información valiosa en relación con una víctima. Un ejemplo sería el caso de una desaparición, donde la rápida difusión puede ayudar a actuar de forma expedita e incluso aumentar las posibilidades de encontrar a la persona. Otra ventaja es la presión que los medios pueden ejercer en las autoridades, para que cumplan con su obligación y asistan de manera correcta a quien lo requiere. Además, la cobertura mediática puede ayudar a sensibilizar a la población, combatir la discriminación y los estigmas, y visibilizar a los grupos vulnerables.
Los medios también pueden tener un impacto negativo al reforzar ciertos prejuicios a partir del uso de un lenguaje discriminatorio, imágenes sensibles e inapropiadas o bien, con un uso poco cuidadoso de los datos personales. Si los límites y alcances de un reportaje, artículo, nota o entrevista no son claros, podría llegar a afectarse a las y los involucrados. La forma en la que se transmite la información puede llevar a que la sociedad interprete el suceso desde una perspectiva que perjudique a la víctima. Esto puede transformarse en una nueva forma de exclusión y violación de los derechos humanos de estos grupos. 
Reconocer a las personas imputadas y a las víctimas como titulares de derechos, y no solo como elementos del proceso, implica un cambio de paradigma que tiene profundas repercusiones en la organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia.