México Evalúa presentó su estudio “Hallazgos desde lo local 2023: Seguimiento y evaluación de la justicia penal en CDMX”, un análisis profundo sobre el desempeño del sistema penal acusatorio en la capital del país.
Esta publicación forma parte de la serie Hallazgos, que desde hace más de una década ofrece diagnósticos rigurosos para orientar a tomadores de decisiones, ciudadanía y operadores del sistema hacia mejoras concretas en el acceso a la justicia. El informe responde a una necesidad urgente: contar con datos actualizados y precisos que visibilicen los avances, pero también las deficiencias estructurales que aún persisten en la Ciudad de México.
En 2023, la capital se ubicó en el noveno lugar nacional del Índice de Capacidad, con 694 puntos sobre 1,000, superando su calificación del año anterior de 548 puntos. Además, destacó por contar con una tasa de 19.7 fiscales del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes —muy por encima del promedio nacional de 12.9—, así como por tener la mayor proporción de procesos iniciados por flagrancia (68.7%). Otros aspectos positivos es un porcentaje notablemente alto de víctimas representadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que accedieron a la reparación del daño (13.77%). Además, sólo una de cada cuatro personas (25.30%) permanece recluida en prisión preventiva sin una sentencia en su contra. Aunque no deja de ser un dato preocupante, es una cifra menor al promedio nacional de 37.9%
Sin embargo, el estudio también revela retos críticos que comprometen la confianza ciudadana y la eficacia del sistema. A pesar del alto volumen de denuncias (más de 242 mil en 2023), más de la mitad de los casos (56.5%) se mantiene en fase de investigación, sin llegar a vinculación a proceso.
La confianza en el Ministerio Público (MP) alcanzó apenas 38.6%, muy por debajo del promedio nacional (58.1%), y la percepción de corrupción en esa institución fue de 81.7%, una de las más altas del país. Mientras tanto, las autoridades judiciales fueron percibidas como de confianza por el 45.9% de las personas encuestadas y la policía ministerial de investigación obtuvo un 48.8% de confianza. Ambos grupos están muy lejos del 59.1% que es el promedio en el país en los dos casos.
A lo anterior se suma la limitada coordinación institucional: la instancia encargada de articular al sistema penal dentro de la Fiscalía no tiene funciones claras ni cuenta con información pública sobre su operación. Los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) siguen sin aprovecharse: sólo el 0.64% de los casos fue canalizado al Órgano Especializado (OEMASC), lejos del promedio nacional de 6.3%. Además, persiste un uso excesivo del archivo temporal como salida procesal (63.8%) y una alta proporción de casos donde la Fiscalía se declara incompetente (30.2%). En cuanto al acceso a medidas cautelares en libertad, tanto hombres como mujeres representados por la defensa pública obtuvieron porcentajes inferiores al promedio nacional.
Ante este panorama, México Evalúa recomienda fortalecer la coordinación interinstitucional del sistema de justicia penal; construir, junto con colectivos de víctimas y actores relevantes, un plan de persecución penal claro y participativo; mejorar la confianza en las instituciones de justicia; ampliar la difusión y uso de los MASC; y reforzar las capacidades de la Defensoría Pública mediante una gestión que garantice atención consistente y de calidad.
En el evento participaron Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México;
Ricardo Amezcua Galán, Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México; Gabriela Ortiz Quintero, Titular del Órgano de Política Criminal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; Julio Madrazo, Director y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C, y Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
Una de las labores más importantes que realizan los medios es la de la propagación de información valiosa en relación con una víctima. Un ejemplo sería el caso de una desaparición, donde la rápida difusión puede ayudar a actuar de forma expedita e incluso aumentar las posibilidades de encontrar a la persona. Otra ventaja es la presión que los medios pueden ejercer en las autoridades, para que cumplan con su obligación y asistan de manera correcta a quien lo requiere. Además, la cobertura mediática puede ayudar a sensibilizar a la población, combatir la discriminación y los estigmas, y visibilizar a los grupos vulnerables.
Los medios también pueden tener un impacto negativo al reforzar ciertos prejuicios a partir del uso de un lenguaje discriminatorio, imágenes sensibles e inapropiadas o bien, con un uso poco cuidadoso de los datos personales. Si los límites y alcances de un reportaje, artículo, nota o entrevista no son claros, podría llegar a afectarse a las y los involucrados. La forma en la que se transmite la información puede llevar a que la sociedad interprete el suceso desde una perspectiva que perjudique a la víctima. Esto puede transformarse en una nueva forma de exclusión y violación de los derechos humanos de estos grupos. 
Reconocer a las personas imputadas y a las víctimas como titulares de derechos, y no solo como elementos del proceso, implica un cambio de paradigma que tiene profundas repercusiones en la organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia.