Red Justicia celebra su primer encuentro nacional
El 6 de junio de 2025 se llevó a cabo de forma virtual el primer Encuentro Nacional de Red Justicia, […]
A la alza, incidencia delictiva en Baja California
México Evalúa presentó su informe “Hallazgos desde lo local 2023: seguimiento y evaluación de la justicia penal en Baja California”. […]
Justicia, en 12 de cada 100 casos en Baja California
Datos del reporte Hallazgos desde lo local: Baja California, revelan que la entidad es una de las que tiene mayor resolución […]
Presentación de Red Justicia Baja California
Trabajar a favor de la calidad de la justicia será la meta de una red integrada por organizaciones locales, coordinadas por México […]
Una de las labores más importantes que realizan los medios es la de la propagación de información valiosa en relación con una víctima. Un ejemplo sería el caso de una desaparición, donde la rápida difusión puede ayudar a actuar de forma expedita e incluso aumentar las posibilidades de encontrar a la persona. Otra ventaja es la presión que los medios pueden ejercer en las autoridades, para que cumplan con su obligación y asistan de manera correcta a quien lo requiere. Además, la cobertura mediática puede ayudar a sensibilizar a la población, combatir la discriminación y los estigmas, y visibilizar a los grupos vulnerables.
Los medios también pueden tener un impacto negativo al reforzar ciertos prejuicios a partir del uso de un lenguaje discriminatorio, imágenes sensibles e inapropiadas o bien, con un uso poco cuidadoso de los datos personales. Si los límites y alcances de un reportaje, artículo, nota o entrevista no son claros, podría llegar a afectarse a las y los involucrados. La forma en la que se transmite la información puede llevar a que la sociedad interprete el suceso desde una perspectiva que perjudique a la víctima. Esto puede transformarse en una nueva forma de exclusión y violación de los derechos humanos de estos grupos. 
Reconocer a las personas imputadas y a las víctimas como titulares de derechos, y no solo como elementos del proceso, implica un cambio de paradigma que tiene profundas repercusiones en la organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia.