Se fortalecen capacidades para el monitoreo de la Política de Persecución Penal en Coahuila

Garantías Procesales

Hubo un amplio consenso sobre la necesidad de garantizar los derechos procesales de los acusados, pero también sobre los derechos de las víctimas.

Regímenes de excepción

En el momento en que se discutió la introducción del sistema acusatorio a la Constitución, también había una preocupación por la creciente influencia en la seguridad del país de la delincuencia organizada. Por lo que se optó por mantener ciertas figuras del modelo inquisitivo, como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

Publicidad y Oralidad

Se discutió la implementación de juicios orales y públicos como una manera de aumentar la transparencia, con algunos congresistas expresando preocupaciones sobre los recursos necesarios para esta transición.

Prisión Preventiva

Este fue un punto de gran debate, ya que la reducción del uso de la prisión preventiva generó preocupaciones sobre la seguridad pública, especialmente en un contexto de alta criminalidad. Particularmente, se analizó si la imposición de esta medida cautelar viola el derecho a la presunción de inocencia y los casos y límites que debería tener.

Impacto en el Sistema Judicial

Los congresistas también debatieron sobre el impacto que las reformas tendrían en el sistema judicial, incluyendo la necesidad de generar otros órganos judiciales: jueces de control, tribunales de oralidad, jueces de ejecución, jueces de justicia penal para adolescentes. Y la implementación de figuras nuevas como los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y las Unidades de Medidas Cautelares.

En la línera Normativa derivada de la reforma constitucional, fue necesario expedir leyes que permitieran implementar la transición a un sistema acusatorio.

• Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)
• Ley Nacional de Ejecución Penal
• Ley General de Víctimas
• Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
• Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
• Ley Nacional de Registro de Detenciones

La capacitación de operadores ha sido uno de los mayores desafíos. Los jueces, fiscales, defensores públicos, abogados particulares, policías y peritos necesitaban adquirir nuevas competencias y conocimientos para operar bajo los principios del sistema acusatorio. Por ello se establecieron programas de formación continua y actualizaciones para garantizar que los operadores del sistema se mantuvieran al día con los cambios y las mejores prácticas.

Continuidad.

Inmediación

Igualdad ante la ley.

Presunción de inocencia.

Juicio previo y debido proceso.

Prohibición de doble enjuiciamiento

Dignidad Humana.

Libertad.

Imparcialidad.

Poder Judicial

Junto con el Ejecutivo y el Legislativo, es uno de los tres poderes públicos del Estado mexicano. Se encarga de preservar el orden institucional establecido en la Constitución. En cumplimiento de esta tarea, se encuentra facultado para interpretar las leyes e intervenir cuando una ley, acto u omisión de alguna autoridad vulnere los derechos humanos de las personas. También resuelve distintas controversias entre particulares de conformidad con el modelo de Estado constitucional, social y democrático de derecho que nos rige.

Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia

Fiscalía General de la República

Fiscalías Estatales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

UMECAS

La Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS) son unidades de apoyo cuyo objeto será proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Uno de sus principales beneficios es evitar el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar.

• Brindar apoyo legal, psicológico y económico a las víctimas.
• Garantizar que las víctimas reciban reparación integral del daño.
• Facilitar el acceso a la justicia y a los recursos disponibles para las víctimas.

Defensoría pública

Centros de Justicia para las Mujeres

Comisión Nacional de Búsqueda

Sistema Penitenciario.

Juez de Control

• • Autorizar y Supervisar Medidas Cautelares y Precautorias.
  • Verificar la legalidad de las detenciones y asegurarse de que se respeten los derechos de los Imputados.
  • Garantizar la correcta obtención de pruebas y su legalidad.
  • Resolver sobre la vinculación a proceso del imputado

Tribunal de enjuiciamiento

Juez de Ejecución penal

• • Vigilar que las penas se ejecuten conforme a la ley.
  • Resolver sobre beneficios penitenciarios, como la libertad condicionada.
  • Proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
  • Supervisar las condiciones de reclusión y el trato que reciben los Internos.

Ministerio Público

• Dirigir la Investigación de los delitos en colaboración con la Policía.
• Formular la acusación ante el Juez de Control.
• Participar activamente en el Juicio Oral para presentar pruebas y argumentos.
• Proteger a las víctimas y testigos durante el Proceso Penal.

Defensor

Perito

Facilitador penal

Policía investigador

Tribunal de Alzada

• • Examinar las apelaciones presentadas por las partes inconformes con el fallo.
  • Confirmar, modificar o revocar las sentencias emitidas en primera instancia.

Asesor Jurídico

Esta etapa está dividida en dos partes, la investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia o querella, que tiene como consecuencia la apertura de una carpeta de investigación. Concluye cuando una persona (señalada como imputada) es presentada ante un juez para comunicarle cuál es el delito por el que se le investiga (conocido como “imputación del delito”) y el juez determina la legalidad de la detención. La investigación complementaria, inicia cuando el Ministerio Público determina el delito por el que se investigará a la persona imputada (recuerda que a esto se le conoce como “formulación de la imputación”) y cuando el juez de control establece que se debe continuar con el proceso (a esto le llaman “vinculación a proceso”). Este mismo juez también determina cuánto tiempo tiene el Ministerio Público para continuar con la investigación.

Esta etapa tiene dos objetivos principales.

• En primer lugar, presentar y admitir los llamados “medios de prueba”, los cuales, una vez discutidos por las dos partes (por un lado Ministerio Público, defensa e imputado, y por otro asesoría jurídica y víctima) en el juicio, pueden convertirse en pruebas para el caso.
• En segundo lugar, depurar los hechos que se discutirán en la etapa de juicio oral. Además, la etapa intermedia comprende dos fases, una oral y otra escrita.

1. El tribunal de enjuiciamiento escucha los alegatos de apertura de la defensa y la Fiscalía.
2. Las partes desahogan las pruebas a través de interrogatorios y contrainterrogatorios.
3. Se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes.
4. El tribunal delibera después de haber presenciado y analizado lo que se vio durante la audiencia de juicio oral, emiten el fallo y fijan audiencia para lectura y explicación de sentencia.

La Constitución en sus artículos 13, 14, 15, 16 y 17 plantea que:

nadie puede ser juzgado por leyes o tribunales especiales, que no puede haber una aplicación retroactiva de la ley, que ninguna persona puede ser molestada sino en virtud de mandamiento por escrito, que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, que no se librará orden de aprehensión sin denuncia o querella, que las comunicaciones privadas son inviolables, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma.

Universalidad

Interdependencia

Indivisibilidad

Progresividad

Amparo directo

Amparo indirecto

Suspensión del Acto Reclamado

Atribuciones

• Pueden recibir, tramitar y decidir quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que trasgredan los derechos humanos de fuente constitucional, internacional y de las constituciones locales, en su respectivo ámbito de competencia.
• En situaciones de urgencia y posible afectaciones de imposible o difícil reparación a los derechos humanos, pueden dictar medidas cautelares o de protección, a efecto de que se permita la protección de las personas y la investigación de los hechos.
• Pueden presentar quejas ante órganos de responsabilidad administrativa y denuncias ante los órganos de investigación de los delitos.

En las audiencias, por ejemplo, se examina el flujo procesal en cada una de sus etapas (audiencia inicial, juicio oral y ejecución), verificando el cumplimiento de las obligaciones normativas para cada paso. En materia de calidad se analiza el cumplimiento cabal de los roles de cada una de las partes (acusador, defensor, asesor de la víctima y juez), así como las interacciones que establecen.

• Analizar con base en información técnica, de alta calidad y confiable, los avances y retos en materia de justicia penal a nivel local.
• Dar retroalimentación a las autoridades del sistema de justicia penal sobre los planes, programas y acciones emprendidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia y debido proceso.
• Establecer compromisos por parte de las autoridades y la sociedad civil para impulsar mejoras en el desempeño del sistema de justicia penal a nivel local.

El aspecto social de este derecho se canaliza y desarrolla a través de los medios de comunicación y de los actores interesados en la justicia penal.

La comunicación estratégica refiere al uso intencional de la comunicación para lograr un objetivo específico. Se trata de hacer llegar el mensaje correcto a la persona (o audiencia) correcta en el momento correcto a través del canal correcto para lograr un objetivo.

• Construir soporte para una acción o política específica.
• Crear conciencia sobre un tema o política específica.
•  Enmarcar y cambiar la política pública.
• Influir en el comportamiento en torno a un tema o problema específico.
• Generar impacto en la opinión pública sobre un tema, asunto o política específica.
• Fortalecer las relaciones con personas o audiencias específicos.

Se debe tener en cuenta a quien se le dirigirá el mensaje, cuáles son sus intereses, necesidades y comportamientos. El conocimiento de la audiencia permite personalizar el mensaje para lograr el objetivo planteado.

Una campaña eficaz se establece en torno a mensajes claros que enuncian el problema, la solución propuesta (por medio del objetivo de la campaña) y las medidas que pueden tomar los destinatarios para alcanzar el objetivo de la campaña. Un mensaje eficaz capta la atención de los destinatarios, es fácil de comprender y recordar, y no exige ninguna otra explicación.

Pueden ser medios digitales, impresos, televisión, radio, publicidad exterior, entrevistas, etc.

Es necesario definir el calendario que va a seguir la campaña de manera que todas las acciones estén alineadas y se tenga claro en qué momento concreto comienzan y terminan el conjunto de acciones que forman parte de la campaña.

• Textual (letrero, volante, manual, guía, etc.). Requiere de la participación y atención del lector para comprender el mensaje. Es económico y de fácil reproducción.
• Visual (fotografía, dibujo, collage, etc.) Es de fácil comprensión y refleja la realidad, y depende de la tecnología y la habilidad para funcionar.
• Auditiva (radio, canción). Envían mensajes sintéticos y breves de fácil comprensión y requieren de elementos tecnológicos.
• Audiovisual (cine, televisión, animación, etc.). Son llamativos y memorables, pero requieren una mayor tecnología y pueden ser caros de producir.

• Referencial, el cual describe un hecho, con un lenguaje neutro sin calificativo, por ejemplo: “El nuevo sistema de justicia penal es oral, acusatorio y adversarial”.
• Emotivo, que está orientado a las emociones del receptor, por ejemplo: “los golpes se borran de la piel, pero duelen toda la vida”.
• Imperativo, con el cual se solicita hacer algo, a través de la amenaza o la persuasión, por ejemplo: “los insultos también son violencia, sino denuncias nos insultas a todas”.
• De contacto, que buscan hacer sentir a las personas parte de una comunidad, por ejemplo: “todos queremos una colonia más segura, unamos nuestras voces”.
• Correctivo, el cual cambiar ideas previas, por ejemplo: “que te prohíban tener amigos, no es amor; aislar a una persona de familia y amigos también es violencia”.

Características

• Interconexión: los elementos narrativos forman un conjunto enriquecido y coherente, ya que se complementan y entrelazan con diferentes medios.
• Interacción con el usuario: los receptores tienen un papel activo pudiendo interactuar y contribuir con el desarrollo de la trama.
• Plataformas: la historia se puede expandir por diferentes plataformas multimedia permitiendo así aprovechar los puntos clave de cada una de ellas.
• Historia expansiva: la narrativa no está sujeta a un solo medio, por lo que puede crecer y evolucionar durante el tiempo.

Pasos para elaborar una narrativa transmedia

• Diseño de un mundo enriquecido: creación de un universo que sea atractivo y expansivo, con detalles que se puedan explorar en diversas plataformas.
• Identificación de plataformas: explorar las diferentes plataformas que mejor se adapten a la narrativa de la historia, ya sea serie de televisión, videojuegos o películas, entre otras.
• Audiencia: refiere a la participación por parte de la audiencia, es decir, juegos interactivos, redes sociales, o acciones presenciales.
• Coherencia y conexión: los elementos de cada plataforma deben complementarse entre sí y la historia debe fluir de manera coherente a través de las diferentes plataformas.

Formatos

• Televisión.
• Cine.
• Cómic y novelas.
• Radio.
• Podcast.
• Páginas web.
• Aplicaciones.
• Códigos QR.
• Videojuegos (en línea) y juegos de realidad alternativa.
• Redes sociales.
• Eventos en directo.
• E-books.

• Nombrarles conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
• Evitar el uso de diminutivos e infantilizar a la comunidad de personas mayores
• No utilizar frases que discrimen a las personas por su condición social.
• Atender a los consensos generados entre las personas de cada grupo ya que la elección de un término por parte de un grupo para representarse a sí mismo tiene un poder político para reivindicar la presencia y el valor de ese grupo.
• La forma en que las personas desean, solicitan o prefieren ser nombradas.

• Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intersexuales
• Personas LGBTTTI
• Persona homosexual
• Persona gay
• Hombre homosexual
• Hombre gay
• Persona lesbiana
• Mujer lesbiana
• Mujer homosexual
• Persona bisexual
• Mujer bisexual
• Hombre bisexual
• Persona trans
• Mujer transexual / travesti / transgénero
• Hombre transexual / travesti / transgénero
• Persona intersexual [/su_lightbox_content]

Algunos ejemplos:

1. Las mujeres están ausentes o excluidas. Son invisibilizadas.
2. Fomenta un modelo de belleza de las mujeres enfocado en la juventud y en ciertas características físicas como la delgadez, y/o se utiliza como medio para promover comportamientos nocivos para su salud.
3. Las mujeres son colocadas en posiciones de subordinación o inferioridad, con menores capacidades y como si ellas no fueran aptas para asumir determinadas actividades o responsabilidades.
4. Se exhiben imágenes del cuerpo de las mujeres o partes de este, como recurso para captar la atención o como adorno.
5. Atribuyen capacidades según el sexo para el ejercicio de profesiones o actividades.
6. Las mujeres son presentadas en actividades relacionadas con roles tradicionales de género como madres, cuidadoras, enfermeras y maestras, mientras los hombres en actividades de poder, liderazgo o que requieren del uso de la fuerza física.
7. Frivolizan o justifican comportamientos o actitudes que impliquen violencia hacia las mujeres.

Sugerencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para evitar el sexismo en las imágenes:

1. Incluir en la imagen la mayor diversidad de personas posible. Presentar personas con distintas características físicas, de edad, étnicas, culturales y socioeconómicas.
2. Hacer visibles a los grupos de población históricamente discriminados y socialmente excluidos.
3. Procurar un equilibrio numérico en el uso de imágenes de mujeres y hombres, cuidando el tamaño de las imágenes para que sean iguales o tendiendo al equilibrio.
4. Colocar a mujeres y hombres en planos similares para reforzar la idea de igualdad.
5. Presentar a las mujeres en actividades, profesiones y oficios no tradicionales, en el ámbito público y con posiciones de responsabilidad.
6. Será mucho mejor que en la imagen se muestre a mujeres y hombres compartiendo responsabilidades y trabajando en equipo.
7. Evitar utilizar imágenes que hagan referencia a la violencia o maltrato. Se debe cuidar la dignidad de las personas en la forma en que se les representa.

Víctima directa

Víctima indirecta

Las y los familiares o las personas físicas a cargo de una víctima directa con relación inmediata.

Víctima potencial

Calidad de víctima

Estos derechos son los siguientes:

1. Rehusarse a dar entrevistas.
2. Tener privacidad durante el periodo de luto.
3. Proteger a las niñas, niños del acoso mediático al momento de hacer entrevistas.
4. Exigir una corrección cuando se cometieron errores al publicar la información.
5. Exigir que no se publiquen determinadas imágenes.

• Entrevistar a la persona en momentos inapropiados en los que la víctima se sienta vulnerable, por ejemplo, justo después del suceso o durante un juicio.
• Filmar y fotografiar escenas de violencia y publicar la información sin el consentimiento del individuo.
• Invisibilizar a la víctima, al ponerle menos atención en comparación con otra.

• Publicar el nombre o la dirección de una persona sin permiso de la persona o de la familia
• Culpar a la persona por su propia victimización. La forma en la que relatan un suceso puede llevar a la gente a responsabilizar a la persona por lo que le pasó. Suele ser común en casos de violencia sexual
• Criminalizar al individuo a partir de juzgarlo por su condición
• Estigmatizar a la víctima, es decir, que se le asigne una característica o etiqueta por pertenecer a un grupo poblacional
• Normalizar un hecho en donde se victimice a una persona
• Hacer reportajes agresivos o poco sensibles que puedan hacer que la persona se sienta poco digna o que corra peligro su seguridad

1. Preguntarle a la víctima si consiente su entrevista o grabación.
2. Respetar al individuo que, por encontrarse inhabilitado para dar información, elija a un tercero como representante.
3. Evaluar el estado de shock y confusión de la persona, ya que puede ser que no esté del todo consciente de la información que está presentando.
4. No agravar el estado de shock de las personas, cuidando las preguntas formuladas y el empleo de la cámara.
5. Prestar atención a los códigos culturales locales.
6. Crear un ambiente seguro y de apoyo en el que las víctimas puedan dar su testimonio o salir en la cámara.
7. Evitar filmar a las personas en un estado de quiebre emocional. Cuidar la exposición de imágenes que resulten demasiado explicitas, ya que pueden dañar la vulnerabilidad de las personas cercanas a ese suceso y a las familias de las víctimas.
8. Tener cuidado con poner atención a algunas víctimas y a otras no.

La información que se muestra es crucial para el impacto que se tendrá sobre la víctima y para su familia; por lo que se recomienda:

1. Que la información sea confiable.
2. Corregir los errores de la publicación, si los hubiere, de manera inmediata.
3.  Tener fuentes de información e informantes de calidad.
4. Explicar si se ha concedido anonimato a una fuente.
5. Revisar la veracidad de las imágenes y testimonios, antes de publicarlos.
6. Preferentemente, colocar una biografía de las personas en lugar de sólo los nombres, con el fin de humanizarlas.
7. De ser posible, incluir la dirección y teléfono de organizaciones de apoyo a víctimas.
8. Cuidar la redacción.
9. Evitar el uso de calificativos.

Es importante tener cuidado con la elección de las palabras y la composición de las frases que se emplean cuando se refiere a una víctima.

1. Debe evitarse el empleo del lenguaje que pueda resultar discriminatorio o estigmatizante.
2. Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta la forma en la que los grupos desean ser llamados, especialmente quienes han sido objeto de alguna discriminación de manera histórica.
3. Otra forma en la que el lenguaje puede discriminar a la víctima es a través de la criminalización. Esto sucede cuando se atribuyen características de peligrosidad, con base en estigmas o estereotipos que terminan afectando a las personas y su relación con la sociedad.

Una comunicación de hechos respetuosa de los derechos humanos debe considerar, entre otras:

1. Evitar exponer a las víctimas directas o indirectas en un mayor peligro, por ejemplo: la filtración de sus datos personales.
2. Evitar exponer los cuerpos de las víctimas fatales de sucesos violentos.
3. Respetar la identidad de las víctimas y no mal generalizar. Esto es especialmente importante al informar sobre hechos de violencia dirigida a poblaciones de las disidencias sexogenéricas.
4. No reproducir narrativas estigmatizantes en torno a la muerte violenta. Esto incluye, dejar de hablar de “crímenes pasionales” cuando se habla de feminicidios o crímenes de odio.
5. Brindar contexto y, si es el caso, relacionar los actos a las formas de violencia estructural para que no sean percibidos como sucesos aislados.
6. Siempre que sea posible, se debe amplificar las voces de las víctimas, sus contextos y necesidades actuales.
7. Reconocer la responsabilidad y el impacto de la cobertura en la impartición de justicia y en la percepción social del problema.

I. Sea con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares;

II. Tratare de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o

III. Sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

• Que la información que se proporcione sea verídica y presente una realidad objetiva.
• Ser socialmente responsables y demostrar integridad profesional.
• Permitir el acceso y la participación del público.
• Respetar la vida privada y la dignidad humana.
• Respetar el interés público.
• Respetar los valores universales y la diversidad de las culturas. Contribuir a la eliminación de la guerra y de la violencia.

• Tener acceso a la información oficial.
• Tener derecho a proteger sus fuentes confidenciales.
• Estar protegidos del monitoreo y el escrutinio sin un mandato judicial.
• Cubrir a todas las personas involucradas en un suceso, incluyendo a las y los presuntos victimarios.
• Tener certeza de que no serán perseguidos por publicar información clasificada.
• Evitar la propaganda falsa, evitando fuentes falsas que se dedican a difamar y avergonzar a una de las partes del suceso.

El crimen organizado incluye varios tipos de delito, como la trata, la desaparición, el secuestro, etc. Es importante que no se enaltezca a las y los criminales con imágenes o relatos que glorifiquen la violencia. Las recomendaciones para la cobertura de este tipo de violencia son:

• No convertirse en vocero/a de la delincuencia organizada.
• Atribuir claramente las responsabilidades.
• No referirse a las personas con prejuicios.
• Alentar a la participación y a la denuncia ciudadana.
• Proteger a las y los periodistas.
• Solidarizarse ante las amenazas contra las/los reporteras/os.
• No interferir en el combate a la delincuencia.
• Limitar la difusión de imágenes y fotografías de violencia.
• No entrevistar a miembros de las organizaciones del crimen.

Las recomendaciones son:

• Tener cuidado de no publicar fotos o frases que puedan comprometer el plan de ejecución de los cuerpos oficiales.
• No involucrarse personalmente ni formar parte de la negociación.
• Explicar a la audiencia que cierta información se está reteniendo por razones de seguridad.
• Notificar inmediatamente a las autoridades si la o el secuestrador contacta al medio de comunicación y contar con un plan previo en caso de presentarse este escenario.
• Evitar hacer transmisiones en vivo desde la escena de un secuestro, debido a que se puede poner en riesgo la vida de las personas involucradas.
• No comunicar las demandas de la o el secuestrador.
• Tener cuidado al entrevistar a las víctimas que fueron liberadas recientemente mientras continúa la crisis.
• No hablar nunca de montos de recompensa.

Cuando se habla de niñas, niños y adolescentes víctimas, se debe tener cuidado de respetar y siempre procurar su bienestar. Para este tipo de víctimas se recomienda:

•  Al entrevistar a una niña o un niño se deben evitar preguntas, actitudes o comentarios juiciosos, que puedan exponerlos al peligro o la humillación.
• Es necesario pedir permiso a las madres, padres o tutores antes de entrevistar, grabar o fotografiar a la niña, niño o adolescente víctima.
• Proteger la identidad de la niña o del niño si se trata de una víctima de explotación sexual o física, es VIH positivo, culpable de un crimen, si posee armas, es combatiente o refugiado.
• No publicar imágenes de niñas y niños, especialmente cuando se muestren lastimados, traumatizados o sin vida.

Es común que cuando los medios se enfrentan al tema de la migración o el desplazamiento, tiendan a tratarlo de manera superficial y desmedida. Se sugiere que se sigan las siguientes recomendaciones:

• Evitar los estereotipos: a los hombres se les vincula con delincuencia e ilegalidad; a las mujeres se les asocia con ser víctimas de maltrato, tráfico de personas y prostitución.
• Hacer una reflexión crítica sobre las causas que obligaron a la persona a migrar.
• No silenciar la voz del migrante para darle cabida a la voz institucional.
• El nombre de las y los migrantes y personas desplazadas debe modificarse u ocultarse.
• Si se presentan imágenes, los rostros de las víctimas deberán ser difuminados con el fin de proteger la identidad.

• No se deben publicar imágenes del rostro completo del imputado(a).
• Para el caso de menores de edad, se debe evitar publicar imágenes completas del rostro de la víctima, testigo o menor de edad.
• Solo se puede difundir un retrato computarizado o hecho a mano, cuando se DESCONOZCA la identidad del investigado o investigada y resulte necesaria su identificación y localización.
• Poner solamente el nombre sin apellidos del imputado(a) y/o acusado(a), sustituyéndolos con una “N”.
• Insertar en la parte inferior de la foto el texto de presunción de inocencia.
• No hacer uso de términos, expresiones, calificativos o imágenes que criminalicen o atribuyan a los imputados(as) y/o acusados(as) hechos delictivos como ciertos durante el procedimiento penal.
• En caso de que se cuente con audio se debe degradar o distorsionar la voz.
• El lenguaje para emplear en la descripción es de “probabilidad” o “provisoria”, por tanto, no deben emplearse términos que califiquen una conducta o tipifiquen un delito, así como su atribución a una persona en particular.

• Escuchar a la persona y, al mismo tiempo, comprender lo que está diciendo al ponerse en su lugar.
• Estar atenta/o a sus propias intervenciones y a advertir carencias de información de la víctima sobre las que será necesario hacer explicaciones o aclaraciones.
• Estar atenta/o a cómo se va desarrollando la comunicación, como un/a observador/a externo/a, en particular, del tiempo que ha transcurrido, la evolución de la entrevista, los aspectos problemáticos y cómo resolverlos, entre otros.

Las situaciones de tensión o de efervescencia emocional pueden ser frecuentes cuando se trabaja con víctimas de hechos violentos. En este sentido, será indispensable que la persona entrevistadora de oportunidad a la víctima para expresar sus sentimientos, así como las diferentes emociones que vayan experimentando durante el desahogo de la entrevista.

Es importante que esté atento a las emociones de la persona entrevistada, respete sus silencios, evite interrumpir su relato y le permita la expresión de sentimientos como dolor, ansiedad, enojo y miedo.

• Eliminar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres en las imágenes y contenidos de comunicación.
• Garantizar en todas las formas de comunicación el uso de un lenguaje incluyente, no sexista, libre de prejuicios, estereotipos de género y que evite cualquier tipo de violencia que fomente la victimización, humillación, estigmatización, sugiera subordinación o menoscabo hacia las mujeres.
• Impulsar, en los casos que así lo ameriten, que la información se desagregue por sexo, de tal forma que permita observar, analizar y nombrar lo que sucede y atañe a las mujeres.
• No preguntar, o preguntarse, por qué una mujer tardó en presentar una denuncia.
• No revictimizar a la víctima ni discriminarla.
• Proveer información específica sobre a dónde pueden recurrir niñas y mujeres víctimas de violencia, para recibir asesoría psicológica y jurídica; y para presentar una denuncia penal.
• No naturalizar la violencia contra las mujeres, mediante la difusión de ideas, mensajes, imágenes, etc. que la justifiquen y refuercen.

Presuntas personas delincuentes

Personas procesadas

Personas delincuentes sentenciadas

Personas sentenciadas

• La adecuación conceptual de la Información de Interés Nacional, a las necesidades que el desarrollo económico y social del país impongan
• Que la Información sea comparable en el tiempo y en el espacio
• La adecuación de los procedimientos estadísticos y geográficos a estándares internacionales, para facilitar su comparación.

• Los censos del SNIGSPIJ se desglosan a nivel federal, estatal y municipal; los dos primeros considerando el ámbito Ejecutivo, Judicial y a los organismos autónomos, además que a nivel estatal se incluye al poder Legislativo.
• Las encuestas se dividen en regulares y especiales. Las regulares están dirigidas a la Calidad e Impacto Gubernamental, la Seguridad Pública Urbana, la Victimización de Empresas, la Victimización y Percepción de Seguridad Pública, la Dinámica de las Relaciones en los Hogares; mientras que las especiales has considerado temas como la Cohesión Social para la Prevención de la Violencia, Capacitación Profesional Policial, población privada de la libertad, entre otras.
• Los registros administrativos se subdividen en laboral y penal.
• Las cifras históricas cuentan con encuestas y registros administrativos.
• Las experimentales se han orientado a la información de los cementerios públicos en zonas metropolitanas, Centros de Justicia para las Mujeres, desplazamiento forzado en Chihuahua y Confianza en la Administración Pública.

Incidencia delictiva

Incidencia delictiva del fuero común

Incidencia delictiva del fuero federal

Víctimas y unidades robadas

Información sobre violencia contra las mujeres

Cifra negra

Confianza ciudadana en las instituciones

Corrupción

Impunidad

Atención a víctimas. Asesoría y reparación del daño

Durante 2022, a nivel nacional cada asesor jurídico de las Comisiones Estatales Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEEAV) atendió alrededor de 303 casos (47 más que en 2021), y representó a un estimado de 230 víctimas en un proceso penal (73 más que en 2021), lo que confirma una tendencia al alza, tanto para las víctimas atendidas como para las víctimas representadas, verificada desde 2019.

Defensa efectiva. Acceso y resolución final

Sentencias firmes. Apelación y revocación

Sobre la respuesta efectiva.

En 2022, sólo 4.3% de los procedimientos derivados de la apertura de carpetas de investigación llegaron hasta la etapa de vinculación a proceso, y no necesariamente fueron por los delitos de mayor complejidad o impacto social.

Recomendaciones:

• Aumentar las capacidades de investigación y de litigio de las fiscalías.
• Revisar las políticas criminales en curso a fin de establecer estrategias adecuadas de priorización de casos, acompañada de una reorientación de recursos humanos, técnicos y financieros hacia los delitos que más lastiman a la sociedad.

En promedio, sólo 6.9% de los procedimientos derivados de las carpetas de investigación fueron canalizados a las áreas encargadas de los mecanismos alternativos de solución de controversias en las fiscalías.

Recomendaciones:

• Realizar una revisión a profundidad de qué casos están siendo resueltos a través de estos mecanismos en cada fiscalía, y analizar si hay otros que podrían igualmente ser resueltos por esta vía dentro del cúmulo de casos pendientes o archivados.
• Diseñar e implementar políticas orientadas a promover el uso de los mecanismos alternativos, para aquellos casos que cumplen con los requerimientos normativos.

Sobre los procesos en libertad.

Unidades de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso

• Fortalecer la colaboración entre el Ministerio Público y las Umecas, a fin de que éstas estén en condiciones de evaluar, con oportunidad, los riesgos procesales de una persona imputada antes de la celebración de la audiencia inicial.
• Incrementar el personal sustantivo de las Umecas acorde con el número de personas imputadas en cada distrito o región judicial.

• Sensibilizar a las personas fiscales y a las personas juzgadoras sobre la eficacia de las medidas cautelares en libertad, así como sobre la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad personal.

Sobre la duración de procesos.

Una de cada cuatro mujeres y tres de cada 10 hombres bajo prisión preventiva ha permanecido 24 meses o más bajo esta medida cautelar.

Recomendaciones:

• Que los poderes judiciales en ambos fueros implementen un mecanismo de seguimiento a personas imputadas bajo prisión preventiva por más de 24 meses, mismo que detone la revisión oficiosa de estos casos en audiencia, en sintonía con el desarrollo jurisprudencial reciente.

Sobre la protección de derechos

• Las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal se conciban a sí mismas como órganos garantes de derechos.
• Se canalicen mayores recursos a las defensorías y las comisiones de víctimas, a fin de favorecer la protección efectiva de derechos en el marco de los procesos penales.
• Las comisiones de justicia en los legislativos, federal y locales vigilen la precisa asignación de recursos presupuestales y su óptimo ejercicio.

Sobre la ejecución penal y reinserción.

En 17 entidades federativas los centros penitenciarios presentan algún grado de sobrepoblación; a su vez, ocho de cada 10 centros presentan problemas de insuficiencia de personal. No obstante, cuatro de cada 10 personas en centros penitenciarios se encuentran bajo prisión preventiva, es decir, sin contar con una sentencia condenatoria en su contra. Esta proporción se ha mantenido en los mismos niveles durante los últimos años.

• Desincentivar el uso de la prisión preventiva oficiosa por parte de las fiscalías, en razón de sus repercusiones en la prolongación del proceso penal, en la calidad de vida de la población privada de su libertad y en el respeto a sus derechos humanos.

• Que los congresos estatales exhorten a las secretarías de Gobierno a instalar o reactivar, en lo inmediato, estas comisiones, así como a la emisión de un plan o programa formal de servicios postpenales.

Destaca el diferimiento de audiencias que tiene un alto impacto en términos de duración de los procesos penales y acceso a una justicia pronta. Más aún, en casos en los que existen riesgos potenciales a la integridad o seguridad de víctimas o testigos, la reprogramación de audiencias puede exponerlos a una mayor inseguridad.

Otro problema identificado en la operación del sistema, son las asimetrías institucionales, por ejemplo, entre las fiscalías y los poderes judiciales, por un lado y, por otro, las defensorías y las comisiones de víctimas, tanto en la distribución de los recursos como en la construcción de capacidades.

En una concepción amplia que abarca el punto de vista individual como el social, la vulnerabilidad puede entenderse como la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos (Federación Internacional de la Cruz Roja, 2017).

Feminicidio.

• El Estado tiene la obligación reforzada de prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, entendido como el asesinato de mujeres por razones de género.
• Este delito requiere una perspectiva de género en su abordaje, así como la adopción de protocolos especializados para garantizar una investigación diligente y exhaustiva.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la responsabilidad del Estado de proteger la vida y la integridad de las mujeres, reconociendo la violencia de género como una forma extrema de discriminación.

• En casos de violencia familiar, el Estado debe adoptar medidas proactivas para proteger a las víctimas, que suelen ser mujeres y menores de edad.
• Esto incluye la implementación de órdenes de protección, la creación de refugios seguros, y la capacitación de operadores de justicia para que actúen con diligencia y sensibilidad frente a estos casos.

• Estos delitos, que incluyen violación, abuso sexual, y acoso, entre otros, exigen que el Estado implemente procedimientos especializados para la atención de las víctimas, garantizando su acceso a la justicia y a medidas de reparación adecuadas.
• Las obligaciones reforzadas incluyen la provisión de servicios médicos, psicológicos y jurídicos, así como la protección contra la revictimización.

• El Estado tiene la obligación de prevenir la trata de personas, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.
• Esto implica la adopción de medidas legislativas, administrativas y de capacitación, así como la cooperación internacional para combatir este fenómeno.
• La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en México establece un marco integral para abordar este delito, alineado con los estándares internacionales.

• La desaparición forzada es considerada una violación grave de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
• El Estado debe garantizar una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, así como la investigación y sanción de los responsables.
• La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México, establece obligaciones específicas para prevenir este delito y reparar a las víctimas.

• La prohibición de la tortura es absoluta y no admite excepciones.
• El Estado debe garantizar que las denuncias de tortura sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial. Además, debe garantizar que las víctimas reciban una reparación adecuada, incluyendo rehabilitación y compensación.

Delitos contra infancias y adolescencias.

• Los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes requieren una respuesta especial del Estado, que debe actuar con la debida diligencia para proteger los derechos de las infancias.
• Esto incluye la creación de sistemas de protección infantil, la formación especializada de operadores de justicia, y la implementación de políticas públicas que prevengan la violencia y el abuso contra la infancia.

• Los delitos de odio, motivados por razones de raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, entre otros, obligan al Estado a adoptar medidas específicas para prevenir estas conductas y sancionar a los responsables.
• Esto incluye la implementación de políticas antidiscriminatorias y la promoción de la tolerancia y el respeto a la diversidad.

• La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe.
• La exhibición de una garantía económica.
• El embargo de bienes.
• La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero.
• La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
• El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada.
• La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares.
• La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las personas víctimas u ofendidas o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
• La separación inmediata del domicilio.
• La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos.
• La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral.
• La colocación de localizadores electrónicos.
• El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga.
• La prisión preventiva.

Título VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 155.

1. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido.
2. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre.
3. Separación inmediata del domicilio.
4. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable.
5. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos.
6. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido.
7. Protección policial de la víctima u ofendido.
8. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo.
9. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes.
10. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

• Amonestación.
• Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso.
• Auxilio de la fuerza pública.
• Arresto hasta por treinta y seis horas.

Un sistema oral conlleva a que el juicio se realice mediante un debate oral frente a un juez que debe estar siempre presente y no como antes, que solo era de manera escrita.

Las personas imputadas tienen, entre otros, los siguientes derechos:

• Ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad.
• Comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido.
• Declarar o a guardar silencio.
• Estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración.
• A que se le informe los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.
• A no ser sometido a técnicas que atenten contra su dignidad o alteren su libre voluntad.
• Solicitar la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto.
• Tener acceso a los registros de la investigación.
• Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
• Tener una defensa adecuada.
• Ser asistido por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español.
• Ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido.
• No ser expuesto a los medios de comunicación.
• No ser presentado ante la comunidad como culpable.
• A solicitar asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad o personas adultas mayores cuyo cuidado personal tenga a su cargo.
• A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad.
• Declarar durante cualquier etapa del procedimiento.

Atribuciones

• Pueden recibir, tramitar y decidir quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que trasgredan los derechos humanos de fuente constitucional, internacional y de las constituciones locales, en su respectivo ámbito de competencia.
• En situaciones de urgencia y posible afectaciones de imposible o difícil reparación a los derechos humanos, pueden dictar medidas cautelares o de protección, a efecto de que se permita la protección de las personas y la investigación de los hechos.
• Pueden presentar quejas ante órganos de responsabilidad administrativa y denuncias ante los órganos de investigación de los delitos.

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